Cartagena, 29 de julio de 2011. En Colombia se lavan activos equivalentes al 3% del PIB, es decir, 16 billones de pesos anuales, según información presentada por la Unidad Administrativa Especial de Información Análisis Financiero –UIAF, reveló el Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, al intervenir en el Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo que organiza ASOBANCARIA.
El Ministro informó que el Gobierno Nacional, al evidenciar dicha situación, reactivó la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos, CCICLA, la cual fue puesta en marcha una semana después de la posesión del Presidente de la República, Juan Manuel Santos.
“Esta Comisión tiene por reto consolidar una cultura de estricto apego a la legalidad y reafirmar total rechazo al dinero fácil, para lo cual ya materializamos una alianza con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para transmitir, a través de medios de comunicación, institucionales y masivos, la campaña “Negocios Responsables y Seguros”, dirigida al sector empresarial con el objeto de prevenir su vinculación en los delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo y contrabando”, explicó el jefe de la cartera política.
Así mismo, el alto funcionario indicó que unas de las acciones que ha tomado el Gobierno Nacional frente a este flagelo, ha sido la elaboración de un nuevo Estatuto Nacional de Estupefacientes que será llevado a consideración del Congreso de la República.
Adicionalmente, el Estado cuenta con dos importantes herramientas para luchar contra la financiación del terrorismo y la administración de recursos relacionados con actividades terroristas, ya que las normas contenidas en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y el Estatuto Anticorrupción permiten combatir, de mejor manera, contra el lavado de activos.
El Ministro, además, resaltó que el Congreso de la República, con estas iniciativas le dio herramientas al Gobierno Nacional en el tema de incautación de bienes.“Lo que el Congreso ha autorizado son dos instrumentos importantes, lo hizo en la Ley de Seguridad Ciudadana y en el plan de Desarrollo. Primero agilizar algunos aspectos procesales que retardaba los procedimientos en materia de extinción y, lo segundo, y más importante, permitir que desde la incautación de los bienes se les pueda dar un destino definitivo para que el Estado no siga administrando”.
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