La Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó varios artículos del Estatuto Anticorrupción, durante su último debate en el Congreso.Entre los aspectos aprobados se destaca el aumento de pena para los empleados o directivos de empresas privadas que utilicen de manera indebida información privilegiada. De esta manera, pasa de 1 a 3 años de prisión a una condena entre los 4 y los 10 años de cárcel.
Otros aspectos contemplados en el proyecto de ley del Estatuto Anticorrupción son:
Las personas o empresa no podrán volver a contratar con el Estado cuando hayan sido responsables de la comisión de un delito de corrupción contra la administración pública o contra el patrimonio público.
En todas las entidades del sector central los jefes de control interno dependerán directamente de la Presidencia de la Republica.
No habrán mecanismos alternativos de la pena privativa de la libertad, tampoco habrá suspensión condicional de la misma y tampoco libertad condicional, prisión domiciliaria; ningún beneficio o subrogado cuando se cometan delitos contra la Administración Pública.
Se amplían los términos de prescripción para las investigaciones de los delitos de corrupción.
Se sanciona el tráfico de influencia de particulares.
Quedaran inhabilitados por un término de 2 años los contratistas que reiteradamente le incumplen el Estado.
Los interventores responderán civil, penal y disciplinariamente por el incumplimiento de las obligaciones que se derivan de la ejecución de los contratos en los cuales son interventores.
Los anticipos que el Estado otorga sólo podrán ser manejados por fiduciarias.
Se exige que todas las obras públicas tengan diseños en una fase clara antes de que se puedan abrir las licitaciones o suscribir los contratos.
Dispone que las normas de la Ley 80 le serán aplicables a todas las entidades públicas, salvo cuando la entidad ejecutora desarrolle sus actividades en competencia con el sector privado.
Se reglamenta todo el tema del cabildeo en corporaciones públicas y en la Rama Ejecutiva.
Se crea la Comisión Nacional para la Moralización, que será presidida por el propio Presidente de la República, y la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha contra la Corrupción.
Se faculta al Gobierno para continuar reduciendo todos los trámites.
