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martes, 31 de mayo de 2011

La Plenaria de Cámara le dio vía libre al proyecto de Seguridad Ciudadana

Con  84 votos a favor y 4 en contra la Plenaria de Cámara de Representantes aprobó, en último debate, el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana, el cual pasa a conciliación.

El Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras,  afirmó que esta iniciativa contiene instrumentos claves para enfrentar a la delincuencia, a las estructuras criminales, a las bandas organizadas. 

“La delincuencia avanza muy rápido y la legislación tiene que irse adaptando a esta modalidad. Este proyecto contiene temas que interesa a la ciudadanía: desestimular el hurto vehículos, penalizar el tráfico ilegal de las autopartes, incorpora todas la normas en materia de telefonía celular para que las compañías quedan obligadas a desactivar los teléfonos y no siga ese mercado secundario”, aseveró el alto funcionario.

Así mismo, indicó que se le dan nuevos instrumentos a los fiscales y a las autoridades de policía para poder legalizar capturas y para que puedan judicializar la flagrancia nuevos comportamientos. 

“Las autoridades puedan hacer allanamientos previa orden judicial durante las 24 horas días y se abordan  también todos los aspectos en materia de extinción de dominio”, informó Vargas Lleras

Igualmente el ministro Vargas dijo que este proyecto regula todo el tema de responsabilidad de menores, “estableciendo que quienes cometan delitos aunque tengan 16 o 17 años no van a quedar en libertad a los 21, sino que tienen que cumplir la totalidad de la pena porque este es otro problema que está aumentando la inseguridad”.

En tema de las marchas se van a penalizar a quienes de manera ilícita bloquean la vías nacionales y ponen la en peligro la vida y la seguridad de los ciudadanos.

Ministro Vargas Lleras anuncia que antes de tres meses será entregado el Proyecto de Código Electoral

El Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, anunció que a más tardar en tres meses será presentado el Proyecto de Código Electoral ante el Congreso de la República. La declaración fue hecha tras la instalación de la Comisión Redactora del Código Electoral.

“A propósito de las consultas populares, se va a reglar el tema dentro del capítulo de participación ciudadana. El 20 de julio llevaremos el nuevo Código electoral a consideración de las cámaras que prevé todos los aspectos relacionados con estos temas, un régimen de inhabilidades muy completo, que no siga siendo susceptible a interpretaciones jurisprudenciales para que la gente sepa cuándo está inhabilitada y cuándo no lo está”, dijo el Ministro Vargas.

Frente al tema de las consultas interpartidistas, el alto funcionario destacó que se establecerán sanciones más rigurosas: “Este tema de las consultas también vamos a reglamentarlo y regularlo de una manera más severa, no sin antes advertir que la reforma política que se aprobó en diciembre establece sanciones severas para aquellos que solicitan se les haga una consulta y en el proceso cancelan la misma sin previo aviso”, recalcó el jefe de la cartera política.

Esta Comisión será la encargada de redactar un Nuevo Código Electoral para regular el derecho a elegir y ser elegido; los procedimientos electorales que han de seguirse para el ejercicio de los derechos de participación en la vida democrática de la Nación; las funciones electorales de los ciudadanos y de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, así como la organización y funcionamiento de las autoridades electorales.

El nuevo Código reemplazará el Decreto 2241 de 1986 y sus disposiciones serán aplicadas a los procesos mediante los cuales se eligen popularmente los servidores públicos que determinan la Constitución y la ley. Igualmente a las votaciones populares que se realicen en desarrollo de las instituciones y mecanismos de participación ciudadana.

También deberá contener la tipificación de los delitos electorales. Se requiere establecer la creación de unidades de apoyo a la organización electoral con fines investigativos en materia académica y de delitos electorales, así como de formación política a la ciudadanía.

En la instalación de la Comisión se acordó también una secretaría técnica conjunta, y quedaron como integrantes el Ministro del Interior y de Justicia, el Registrador Nacional del Estado Civil, el presidente del Consejo Nacional Electoral, el presidente de la Sección V del Consejo de Estado, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, la Comisión Especial de Seguimiento y Vigilancia del Organismo Electoral, y la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República.

viernes, 27 de mayo de 2011

Reconocimiento al Gobierno Nacional por manejo de ola invernal

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) hizo entrega al Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras de un pergamino en reconocimiento por los logros realizados entre enero y abril de este año, a raíz de la actual temporada invernal. El documento está firmado por el Presidente Ejecutivo del organismo, Nick Rischbieth G, el Vicepresidente Ejecutivo, Alejandro Rodríguez, y por Carlos Mario Clopatofsky, ex director por Colombia.


“El Banco Centroamericano de Integración Económica, en apoyo y solidaridad con el Pueblo y el Gobierno Colombiano, y con las víctimas de la incesante ola invernal que afecta al país, otorgó mediante resolución DI-159/2010 del 3 de diciembre del 2010 y Resolución DI-21/2011 del 17 de marzo del 2011, dos cooperaciones financieras no reembolsables por un monto cada una de US$200,000 (Doscientos mil dólares exactos), en moneda de los Estados Unidos de América, al Gobierno Colombiano, que constituye una cifra total de US$400,000 (Cuatrocientos mil dólares exactos), como apoyo a las labores de recuperación iniciadas por la Presidencia de la República”. 

En el pergamino, el Banco Centroamericano de Integración Económica reconoce “la excelente labor y liderazgo” del Ministro Germán Vargas Lleras.

Este tributo fue aprobado en el mes de marzo por ese organismo, en momentos en que Carlos Mario Clopatofsky representaba a Colombia ante esa institución.

En el acto estuvo presente el director de Gestión del Riesgo del Ministerio del Interior y de Justicia, Carlos Iván Márquez Pérez, quien destacó la asistencia prestada a más de 120,000 familias, y el apoyo a más de 15 departamentos, con una inversión de 36,000 millones de pesos con recursos del Fondo Nacional de Calamidades.

jueves, 26 de mayo de 2011

Manipular celulares robados será penalizado hasta con ocho años de cárcel

La aprobación de 71 artículos del Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana por parte de la Cámara de Representantes en pleno, hace realidad una de las propuestas más importantes del Gobierno en cuanto a herramientas para combatir la delincuencia.

Dentro de los artículos aprobados se encuentran iniciativas tan relevantes como la que impone penas entre 10 y 17 años de cárcel a quienes utilicen o induzcan a menores de edad a la comisión de delitos.

Asimismo, se establece que quien manipule, reprograme, remarque o modifique los terminales móviles de los servicios de comunicación (celulares) incurrirá en penas de 6 a 8 años y multas que podrían oscilar entre 6 y 700 salarios mínimos.

Otro artículo aprobado es el que aplica penas entre los 13 y los 22 años de cárcel a quienes financien el terrorismo y grupos de delincuencia organizada. Además de la pena, se impondrán multas entre 1.300 y 15.000 salarios mínimos.

Los recursos naturales también quedan protegidos con la aprobación de este articulado pues se imponen penas a quienes se lucren del tráfico ilegal de flora y fauna. Los castigos podrían llegar hasta los 108 meses de prisión y multas hasta de 35.000 salarios mínimos.

De otro lado, crímenes como el tráfico ilícito de autopartes y la venta ilegal de medicamentos serán duramente sancionados. Y quien fabrique, trafique o porte armas de fuego o municiones, incurrirá en prisión de 9 a 11 años.

Se aplicarán medidas más severas para quienes incurran en lavado de activos, imponiendo penas hasta de 30 años de prisión. 

La Plenaria de Cámara también aprobó una profunda modificación al proceso de extinción de dominio para que éste sea eficaz y expedito. Y a propósito de garantías, permite que el Gobierno Nacional solicite el cambio de radicación de expedientes judiciales y de los imputados afectados con medida de aseguramiento, con el fin de garantizar la seguridad de las partes implicadas en las causas y la seguridad nacional.

miércoles, 25 de mayo de 2011

Pitazo inicial a la Ley del Deporte

El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el  Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, presentaron a la opinión pública la Ley  No.1445 de 2011,  mediante la cual se organizan los clubes deportivos, conocida como la “Ley del Deporte”.

El objetivo de esta Ley es tener clubes deporticos capitalizados, modernos y democráticos; que se sometan a la vigilancia de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Principales puntos de esta ley:

La capitalización es inmediata y obligatoria y no puede ser inferior al doble del capital.

Se establece que los clubes con deportistas profesionales, en caso de necesitarlo, deben adelantar un procedimiento de recuperación económica y administrativa después de 6 meses de la entrada en vigencia de la Ley.

La Ley faculta a la Supersociedades para que inicie un trámite de reorganización de los clubes.

La norma precisa y asigna las funciones de inspección, vigilancia y control a Coldeportes y a la Supersociedades.

Se suspende el reconocimiento deportivo a los clubes que incumplan con el pago de obligaciones laborales por un periodo superior a 90 días.

Se busca proteger los derechos laborales de los jugadores y acabar con el “carrusel” que permite hoy mudar de nombre a los clubes, dejando como resultado deudas a jugadores y acreedores, al señalar que antes de otorgar un nuevo reconocimiento deportivo, Coldeportes debe verificar que el club profesional afiliado y cuyo derecho de afiliación va a utilizar el nuevo club profesional, haya cancelado la totalidad de las obligaciones laborales, fiscales y parafiscales.

Se establecen disposiciones en materia de seguridad y convivencia en el deporte profesional, así como sobre el fortalecimiento de programas que promuevan la paz, la tranquilidad, la convivencia en los estadios y escenarios deportivos.

Se sancionarán con multa de hasta 10 Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) y con la prohibición de acudir a escenarios deportivos por un periodo entre 1 y 5 años a  quien:


o   Pretenda ingresar o esté en posesión de arma de fuego, arma blanca u objetos peligrosos o estupefacientes.

o   Promueva o cause violencia contra miembros de la Fuerza Pública, con el fin de evitar que esta ejecute un acto propio del servicio.

Se penaliza el porte, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos o contundentes, con pena de prisión de 1 a 5 años, siempre que la conducta no constituya otro delito.

La conducta no sólo se circunscribe al estadio o escenario deportivo. También se sanciona la conducta con ocasión del evento deportivo, con lo que se da alcance a quienes, por ejemplo, en la carretera agreden a buses y personas de un equipo contrario.

Se introducen las actividades culturales, además de las del buen uso del tiempo libre y las deportivas, como destino de la promoción y patrocinio del 20% de la publicidad estatal.

“Ley de víctimas parte en dos la historia de Colombia”: Mininterior

Tras la  aprobación en último debate del proyecto de ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, por parte de la Plenaria del Senado de la República, el Ministro del  Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, resaltó que es un día histórico.

“No fue un año, fueron tres años de debates, algunas veces sobre los temas institucionales, otros sobre la difusión de víctimas, temas de financiación y de política integral de población desplazada. Después de tantos meses hoy culmina el trámite de una ley que es histórica, porque abre una nueva etapa en Colombia frente al concepto de Derechos Humanos y su aplicación”, manifestó el alto funcionario.

Así mismo, señaló que la aprobación de esta iniciativa es histórica porque beneficia a millones de colombianos que podrán rehacer su vida.

“Es un gran mensaje del Presidente Santos y de su Gobierno frente a la comunidad internacional; puede significar que este país redimensionará el alcance de sus compromisos en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. No existe en ningún país del mundo que haya adoptado una política de esta envergadura”, afirmó.

El ministro Vargas Lleras aprovechó para hacer un llamado a las personas que se encuentran al margen de la ley para que abandonen las armas.

“La época de la violencia ha quedado en el pasado, deberían iniciar aceleradamente un proceso de incorporación a la vida civil, de dejación de las armas ante una aprobación de tanta trascendencia como esta”, destacó.

El jefe de la cartera política explicó cómo será la implementación luego de ser Ley: “Todo lo que se viene haciendo continuará, a partir del 1 de  enero del 2012 toda la nueva institucionalidad empezará a operar plenamente. En un año no es posible atender un compromiso de esta envergadura, pero se irá priorizando a la población más vulnerable”, expuso Vargas Lleras.

Por último el alto funcionario agradeció a los congresistas por el respaldo y apoyo a tan importante iniciativa, la cual pasa a conciliación y posteriormente a sanción presidencial.

Principales puntos de este proyecto:

·         Esta iniciativa reconoce que la víctima será toda persona que sufra un daño como consecuencia de violaciones a las normas de Derechos Humanos o infracciones al DIH, independientemente de quién fue el victimario.

·         Cobija los hechos que ocurran en el marco del conflicto armado interno y con posterioridad al 1º de enero de 1985. La restitución cobijará despojos posteriores al 1º de enero de 1991. Las víctimas de hechos anteriores a 1985, accederán a la reparación simbólica y a las garantías de no repetición.

·         Se establecen especiales y preferentes medidas de asistencia en materia de salud, educación y acceso a un subsidio para cubrir los gastos funerarios de las personas que mueran como consecuencia del conflicto.

·         prevé la entrega de una Ayuda Humanitaria para que las víctimas puedan sobrellevar las necesidades básicas e inmediatas que surgen tras una victimización.

·         El proyecto establece 5 componentes de la reparación integral: 

o   Restitución de tierras: Se crea un proceso judicial expedito, con la intervención de una Unidad Administrativa para que el proceso sea organizado y focalizado, para restituir la tierra a los despojados.

o   Indemnización administrativa: incorpora la creación de un programa masivo de indemnizaciones administrativas. Se establece que las víctimas podrán acceder a un monto superior de indemnización a la establecida en el Decreto 1290, si suscriben un Contrato de Transacción para no demandar al Estado.

o   Rehabilitación: Se trata de la creación de un Programa de Atención Psicosocial para atender las secuelas psicológicas que el conflicto ha dejado en las víctimas. Además, se prevé la rehabilitación física.

o   Satisfacción: Son medidas que propenden por la búsqueda de la verdad, la recopilación y publicación de la memoria histórica, y la implementación de medidas de reparación inmaterial como exención de prestar el servicio militar, creación del día nacional de las víctimas, entre otras.

o   Garantías de No Repetición: Se trata de una serie de medidas que buscan evitar que las violaciones de los Derechos Humanos vuelvan a ocurrir. Entre éstas se encuentra: la implementación de programas de educación en Derechos Humanos, la derogatoria de las leyes o normas que permitan o faciliten la violación de derechos humanos, programas de reconciliación, la participación del sector privado en generación de proyectos productivos, y muchas otras más.


·         El proyecto de Ley establece una nueva institucionalidad, así:

o   Comité Ejecutivo: Este Comité estará a cargo de Reglamentar toda la Ley, diseñar y adoptar el Plan Nacional de Atención y Reparación, así como supervisar su ejecución.

o   Departamento Administrativo: Se encargará de la coordinación y ejecución de la política de inclusión social y de reintegración. Además, deberá coordinar sus actividades con el Comité Ejecutivo, en materia de reparación y atención a víctimas.

o   Unidad Administrativa de Atención y Reparación: Será la encargada de ejecutar la política de reparación cuya competencia recaiga en el Gobierno Nacional, así como de coordinar la ejecución de la Ley.

o   Unidad Administrativa de Tierras Despojadas: Se encargará de sustanciar los casos de restitución ante los jueces y tribunales, así como coordinar la política de restitución de tierras.

o   Centro de Memoria Histórica: La creación de este Centro tiene objetivo centralizar todas las funciones de recolección y preservación de la memoria histórica en una sola entidad.

martes, 24 de mayo de 2011

Mininterior afirma que no se descartan operaciones militares hoy en Medio Atrato, Chocó

El Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, afirmó que las Fuerzas Armadas no descartan realizar operaciones que permitan restablecer la libertad de movilización en Medio Atrato, Chocó, donde las Farc tienen restringida la libertad de movimiento de sus habitantes.

“Anoche mismo el Ministerio de Defensa estaba coordinando los operativos, no puede ser que una columna de no más de 20 guerrilleros coaccione de esta manera a la población. Esperamos que en el curso del día esta situación se supere (…). No se descarta proceder hoy a restablecer la plena libertad de esas regiones”, dijo Vargas Lleras.

Al ser interrogado sobre la situación que están viviendo los pobladores de Medio Atrato, el alto funcionario declaró que “a  esa población la tienen secuestrada. No andemos con eufemismos: coartarle a cualquier colombiano su libertad de movilización es un secuestro”.

El jefe de la cartera no descartó que las Farc estén preparando un paro armado en la región y afirmó  que en la zona de la cuenca pacífica, y en especial en el departamento del Chocó, prácticamente en todos sus municipios se están presentando problemas de orden público.