La aprobación de 71 artículos del Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana por parte de la Cámara de Representantes en pleno, hace realidad una de las propuestas más importantes del Gobierno en cuanto a herramientas para combatir la delincuencia.
Dentro de los artículos aprobados se encuentran iniciativas tan relevantes como la que impone penas entre 10 y 17 años de cárcel a quienes utilicen o induzcan a menores de edad a la comisión de delitos.
Asimismo, se establece que quien manipule, reprograme, remarque o modifique los terminales móviles de los servicios de comunicación (celulares) incurrirá en penas de 6 a 8 años y multas que podrían oscilar entre 6 y 700 salarios mínimos.
Otro artículo aprobado es el que aplica penas entre los 13 y los 22 años de cárcel a quienes financien el terrorismo y grupos de delincuencia organizada. Además de la pena, se impondrán multas entre 1.300 y 15.000 salarios mínimos.
Los recursos naturales también quedan protegidos con la aprobación de este articulado pues se imponen penas a quienes se lucren del tráfico ilegal de flora y fauna. Los castigos podrían llegar hasta los 108 meses de prisión y multas hasta de 35.000 salarios mínimos.
De otro lado, crímenes como el tráfico ilícito de autopartes y la venta ilegal de medicamentos serán duramente sancionados. Y quien fabrique, trafique o porte armas de fuego o municiones, incurrirá en prisión de 9 a 11 años.
Se aplicarán medidas más severas para quienes incurran en lavado de activos, imponiendo penas hasta de 30 años de prisión.
La Plenaria de Cámara también aprobó una profunda modificación al proceso de extinción de dominio para que éste sea eficaz y expedito. Y a propósito de garantías, permite que el Gobierno Nacional solicite el cambio de radicación de expedientes judiciales y de los imputados afectados con medida de aseguramiento, con el fin de garantizar la seguridad de las partes implicadas en las causas y la seguridad nacional.
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