Aprobación del Estatuto Anticorrupción en Comisión Primera de Cámara es una esperanza nacional para el buen manejo de los recursos públicos: Mininterior

Como un gran avance en la lucha contra la corrupción, calificó el Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, el “sí” dado por la Comisión Primera de Cámara a las propuestas presentadas por el Gobierno en el Estatuto Anticorrupción.

“El país puede tener la certeza de que los instrumentos por sí solos no terminan generando resultados positivos, pero los instrumentos cuando a quienes tienen el deber de aplicarlos, les asiste toda la voluntad de colocar en el primer plano de la agenda nacional el combate a la corrupción, pueden arrojar muy pronto resultados que recuperen la esperanza nacional en el manejo de la cosa pública”, dijo el Ministro.

Por eso, agradeció el esfuerzo y el empeño de los representantes a la Cámara durante el debate de este proyecto.

“Una vez más, ya es usual agradecerle a todos los miembros de la Comisión Primera, este trabajo tan serio. Muy dispendioso fue. Un mes, desde el momento en que se convocaron las sesiones extraordinarias ha venido la Comisión trabajando en este Estatuto. Más de 150 artículos fueron discutidos, debatidos, aprobados o improbados. Este Estatuto, piensa el Gobierno, va a ser un instrumento fundamental en los propósitos de Estado de enfrentar de una manera decidida este flagelo de la corrupción”, indicó.

El jefe de la cartera política insistió en que será el propio Presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien a partir de la expedición de este Estatuto coordine los planes y programas para poner en marcha las iniciativas que contiene el proyecto.

“No hay aspecto, creería yo, en el cual el Gobierno y el Congreso no se haya ocupado con sumo cuidado. Nos resta un debate de esta iniciativa que estamos seguros que con el concurso de todos los miembros de la Comisión Primera y de quienes participaron, tendrán buen suceso en la Plenaria del Senado”, concluyó el Ministro Vargas.

Principales aspectos aprobados en el Estatuto Anticorrupción

1.    Genera un estricto régimen para evitar la “puerta giratoria” entre el sector público y el privado.

2.    Da lugar a una normatividad que genera más transparencia en la financiación de campañas al obligar a que los contratistas del Estado que hayan sido financiadores de candidatos a la Presidencia, alcaldías y gobernaciones pongan en conocimiento de las entidades públicas tal situación y se exija un seguimiento especial de la Procuraduría.

3.    Se crea la figura de las Personas Políticamente Expuestas, que son servidores públicos que tienen injerencia en el manejo de recursos estatales y a los cuales las entidades bancarias deben hacerles un especial seguimiento para conocer el origen de sus bienes.

4.    Se dota el Presidente de la República de la posibilidad de nombrar directamente a los responsables de las oficinas de control interno en las entidades nacionales dotando a estos funcionarios de una mayor eficacia.

5.    Se establecen importantes medidas administrativas y penales para proteger los recursos del sector salud. En ese sentido, por ejemplo, se crea un sistema de información para el reporte de eventos sospechosos de corrupción y se establecen tipos penales severos como la estafa sobre recursos del sector salud; la especulación y el agiotaje de medicamentos; la omisión de control en este sector; el peculado por aplicación diferente frente a recursos de la salud, entre otros.   

6.    Se crean nuevos tipos penales para combatir la corrupción en el sector privado y se endurecen las penas en varios de los delitos contra la administración pública. A su turno, se excluye a quienes hayan sido condenados por delitos de corrupción de beneficios como la casa por cárcel.

7.    Se permite la realización de operaciones encubiertas donde agentes del Estado infiltren organizaciones criminales dedicadas a la corrupción facilitando así las investigaciones.  A su turno, se da la posibilidad de que en los delitos de cohecho se aplique el principio de oportunidad.

8.    Se establece un procedimiento verbal expedito y ágil para las actuaciones disciplinarias y fiscales de manera tal que se disminuya la impunidad en las mismas.

9.    Se reglamenta la práctica del lobby o cabildeo obligando a que las entidades estatales lleven un registro público de quienes ejercen tal actividad, generando así más transparencia en la toma de decisiones públicas.

10.  Se da lugar a un régimen contractual que garantice un mejor uso de los recursos estatales mediante figuras como la obligación de que los anticipos de contratos públicos se manejen a través de fiducias; un régimen más severo de multas y sanciones para contratistas incumplidos; la obligación de que los proyectos a contratar cuenten con adecuados estudios previos y un sistema que garantice transparencia en la contratación de mínima cuantía. 

11. Se hace de la lucha contra este flagelo una política de Estado mediante la creación de la Comisión Nacional para la Moralización y convierte a la sociedad civil en una aliada mediante la labor de la Comisión Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción