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jueves, 16 de junio de 2011

Ministro Germán Vargas Lleras destacó los instrumentos para la protección a las víctimas que plantea la Ley

El Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, aseguró que la Ley de Víctimas incluye una completa estrategia para proteger a las personas que beneficiará la ley.

“La ley en materia de protección a víctimas prevé toda una estrategia. A víctimas, funcionarios y testigos que participen del proceso se les brindarán medidas especiales de protección. De hecho, el próximo lunes el Presidente ha convocado a una reunión para examinar la posibilidad de que se integre en una sola estructura, los sistemas de protección para cualquier colombiano que esté en situación de vulnerabilidad”, aseguró el Ministro. 

Vargas Lleras resaltó además, que este programa se empezará a ejecutar a partir del primero de enero del año entrante.  

“El Gobierno se tomará estos seis meses para instrumentar toda la oferta institucional en desplazados, víctimas y restitución de tierras. A partir del primero de enero la gente podrá acudir a inscribirse en el Registro en las defensorías, procuradurías y personerías del país”, dijo. 

Asimismo, el jefe de la cartera política sostuvo que ya el Gobierno cuenta con herramientas suficientes para evitar que inescrupulosos quieran aprovecharse de los beneficios que establece esta ley.  

“Las personas que intenten hacerse pasar como víctimas incurrirán en delitos graves pues tanto en el Estatuto Anticorrupción, como en la Ley de Víctimas se tipifica una nueva conducta penal, Fraude a Subvenciones, de manera que quien suministre información falsa para acceder a la indemnización o a un proceso de restitución de tierras incurrirá en un delito penal”, advirtió. 

Esta Ley está soportada en los principios de enfoque diferencial, principio de buena fe y la dignidad de las víctimas. De igual forma, incluye tres medidas de asistencia (salud, educación y gastos funerarios) y cinco medidas de reparación (medidas de satisfacción y reparación simbólica, indemnización por vía administrativa, restitución de tierras, garantías de no repetición, y un programa de rehabilitación psicosocial).

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